El senador Jorge Enrique Robledo le solicitó al Procurador General de la Nación investigar a los funcionarios del Ministerio del Interior que autorizaron y participaron en una llamada consulta previa que adelantó la empresa Cerrejón para desviar el río Ranchería.
De acuerdo con el congresista, el Ministerio del Interior avaló una consulta previa abiertamente ilegal, pues se estaba adelantando antes de que la multinacional solicitara la licencia ambiental y definiera cómo iba a desviar el río Ranchería.
De acuerdo con la legislación colombiana, las comunidades indígenas deben conocer los detalles de los proyectos que las pueden afectar. De lo contrario, su consentimiento no será libre e informado. Para ello en las consultas previas deben tener la oportunidad de analizar el estudio de impacto ambiental, que muestra los impactos sociales, económicos y ambientales de un determinado proyecto. Por esta razón, las consultas deben realizarse después de que las empresas interesadas en un proyecto soliciten la licencia ambiental, pues antes no es posible que las comunidades conozcan el estudio de impacto ambiental definitivo.
En el caso del río Ranchería, según denuncia Robledo, la consulta previa se estaba adelantando antes de que la empresa radicara el estudio de impacto ambiental y solicitara la respectiva licencia. Incluso sostiene que el presidente de la empresa afirmó en varias oportunidades que Cerrejón aún no había definido la manera como iba a desviar el río. Sin embargo, con la autorización y participación del Ministerio del Interior, la empresa alcanzó a suscribir 66 preacuerdos de consulta previa con las comunidades indígenas de la Guajira.
Robledo denuncia que los preacuerdos incluían engaños a los indígenas como entregarles de chivos y caballos a cambio del consentimiento de las comunidades.
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