El Gobierno le hizo el martes un llamado al Congreso para que apruebe el proyecto que modifica el plazo que estableció la Ley de Justicia y Paz para la desmovilización de miembros de grupos ilegales a cambio de penas menores que las normales.
La ley original decía que el plazo máximo era el 25 de julio del 2005, pero después de esa fecha hubo casi 25 mil de las Auc que entregaron sus armas en medio del proceso de paz con el gobierno Uribe. Ellos están en una especie de limbo jurídico, porque los delitos cometidos después de esa fecha no entrarían a Justicia y Paz.
El Gobierno y la Fiscalía consideran que por esta situación hay riesgo de que muchos crímenes no sean confesados y no haya verdad.
El comisionado de Paz, Frank Pearl, aseguró que aunque el proyecto está desde abril del año pasado en el Congreso solo ha tenido un debate. "En estos años han desertado mandos medios de Farc que estuvieron en la ilegalidad por 10 o 20 años (...) Sus víctimas también tienen derecho a la reparación", dijo.
Al mismo tiempo, el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro, afirmó que el compromiso de hacer avanzar esta iniciativa legislativa debe ser también del próximo Presidente y del nuevo Congreso, pues se trata de un asunto de Estado.
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